El artículo contiene como proposición principal la idea de que Derecho Educacional sea utilizado como herramienta facilitadora en la elaboración e implementación de políticas educativas, sobre todo en aquellas que promuevan transformaciones a nuestro sistema educacional.
El artículo analiza en extenso, la responsabilidad civil que le cabe a los sostenedores de establecimientos educacionales en los accidentes que sufran los integrantes de su comunidad educativa.
El artículo defiende la idea de que la condición de trabajadores de las y los docentes, debe priorizarse por sobre los deberes que impone la normativa educacional, en la medida que los derechos fundamentales de carácter laboral son igual de importantes y necesarios para el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.
El artículo expone una mirada general al tratamiento que han recibido las políticas educativas desde el derecho en un contexto de mercado competitivo del sector. A su vez, realiza una crítica a la dispersión y confusión normativa en la que ha culminado su regulación.
El artículo defiende la idea de que los procedimientos establecidos en los Reglamentos Internos de establecimientos educacionales sí están sujetos a la garantía constitucional del debido proceso.
El artículo busca, por una parte, exponer los lineamientos generales de cómo la Organización Internacional del Trabajo ha regulado el derecho a huelga en la función pública, para confrontarlo con la prohibición constitucional y legal que nuestra legislación establece para los trabajadores de la Administración Civil del Estado y, por otra, intenta esbozar las marcadas contradicciones que presenta la legislación laboral de los profesionales de la educación del sector municipal en este ámbito, como expresión de un incipiente proceso de laboralización de la función pública.
El artículo muestra por qué es necesario garantizar el derecho a la educación como derecho humano fundamental. Al mismo tiempo, describe las falacias argumentativas de la distinción estructural que realiza parte de la doctrina jurídica entre derechos liberales y derechos sociales, principalmente, a los diferentes límites de financiamiento presupuestario para la garantización de uno u otro.
El artículo pretende evidenciar, por un lado, los graves problemas que existen en el tratamiento de la legislación educacional debido a la inserción de las reglas de mercado contenidas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980 y, por otro, establecer la necesidad de la construcción de una nueva disciplina jurídica, que aborde integralmente la normativa que regula el proceso educativo, proponiendo el concepto de Derecho Educacional.